$4 millones en efectivo. Ese fue el soborno que recibió el entonces general de Carabineros Manuel Iván Valdés Pinochet, un policía verde olivo en los medios, a cambio de sacar autos de la vía para favorecer a una empresa privada.
Los hechos están registrados en una sentencia reciente en un procedimiento abreviado -que tuvo ante sí el Cuerpo de Investigaciones de BioBioChile-, en la que el ahora ex uniformado aceptó la acusación del Ministerio Público representado por el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza.
Habitual de los matutinos y de los medios de comunicación, Valdés Pinochet llegó a consolidarse como un importante funcionario de la institución, en su calidad de titular de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial. Un departamento clave en cuanto a la fiscalización del transporte terrestre, del que dependen media docena de comisarías viales y de tránsito y motorizadas de la Región Metropolitana.
Sus amplias facultades en la materia llamaron la atención de la Custodia Nacional de Estacionamientos (ACN). Según reveló el Cuerpo de Investigaciones de BioBioChile en mayo de 2021, la empresa obtuvo ganancias superiores a los 200 millones de pesos, gracias a que distintas comisarías les enviaban los vehículos retirados de circulación.
Para lograrlo, según la investigación adelantada por el fiscal Baeza, los titulares de la ACN, Francisco Cortez Loveras y José Williamson Poblete, ambos imputados en la causa, “tomaron contacto con diferentes policías, de diversos rangos o grados jerárquicos”, a través de los cuales les otorgó beneficios económicos a cambio de “obedecer y cumplir las órdenes emitidas” por la empresa.
Entre ellos estaba el propio Valdés Pinochet.
Según información contenida en el expediente judicial, en mayo de 2020, Francisco Cortez Lovera coordinó con Carabineros y la Subsecretaria de Prevención del Delito, entonces presidida por Katherine Martorell, un acto en el que entregó gratuitamente vehículos ordenados por robo que habían sido recuperados por la policía y estaban en posesión de ACN.
La actividad fue el inicio de la relación entre Cortez Loveras y Valdés Pinochet. En efecto, la investigación apunta a esa cita como el momento exacto en el que ambos se conocieron.
El siguiente paso del empresario se daría unos días después, cuando concertó una reunión con el general a través de otro uniformado: el teniente coronel Ismael Cid Riffo, quien -según la investigación- recibió más de $40 millones en sobornos: actuó como reclutador de otros uniformados para corromperlos a favor de ACN. La velada se desarrollaría en un restaurante árabe de la Avenida Perú, en Recoleta.
Allí, revela la sentencia, Cortez Loveras entregó a Valdés Pinochet un sobre con $4 millones en efectivo para aumentar ilegalmente la cantidad de vehículos retirados de circulación. ¿El destino final de los coches? El Custodio Nacional de Estacionamientos (ACN). Negocios redondos.
CARRERAS SUBTERRANEAS QUE NUNCA FUERON
Según la investigación, el soborno surtió efecto. El 7 de julio de 2020, el propio Valdés Pinochet y su personal fueron a San Bernardo, supuestamente para controlar carreras clandestinas.
Esto último -a juicio de la justicia- fue “una simple excusa” para incrementar la retirada de vehículos.
En efecto, el operativo se realizó entre las 9:00 de la mañana y el mediodía, lugar y horario en el que no hubo ‘piques’ ilegales.
Todos los autos sacados de circulación fueron a parar a… ACN, por medio de grúas de la misma empresa.
$8 MILLONES Y LIBERTAD PROTEGIDA
Ante estos antecedentes, la jueza Carolina Gajardo Benítez, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, condenó a Valdés Pinochet, en un procedimiento abreviado, a 3 años y 189 días por el delito de cohecho. Además, impuso una multa de $8 millones, el doble de lo que recibió ACN, monto que podrá pagar en módicas 10 cuotas, a partir de abril de este año.
También fue condenado a 541 días por el delito de asociación ilícita.
Las penas, en todo caso, podrán cumplirse bajo la modalidad de libertad condicional intensiva, cuando se cumplan los requisitos legales para ello.
Desde Carabineros, el general Enrique Monrás, director de Orden y Seguridad, indicó que se trata de una situación que los uniformados denunciaron a través del Ministerio del Interior.
“Las personas involucradas fueron algunas detenidas y otras sacadas de la institución. La institución siempre apartará a las personas que se aparten de la doctrina institucional, cualquiera que sea el grado. Siempre los separará y los pondrá a disposición del Ministerio Público”, dijo.
BBCL Investiga solicitó declaración a Valdés Pinochet a través de su abogado. Aseguró escuetamente que no tenía intención de referirse a su sentencia.
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